En la noche del domingo 05 de abril de 1992, en horario estelar, Alberto Fujimori, aparecería en señal abierta anunciando la disolución del Congreso y la toma de poder absoluto. Lima amanecería con las sedes tomadas del Poder Judicial, Ministerio Púbico, Tribunal de Garantías Constitucionales (ahora Tribunal Constitucional), Consejo Nacional de la Magistratura, el Colegio de Abogados de Lima, entre otros; muchas personas estuvieron con “detenciones domiciliarias” y otra fueron “secuestradas”, como el Raúl Ferrero Costa, Decano del CAL, y Gustavo Gorriti, periodista.

La justificación del binomio Fujimori – Montesinos, hacía referencia a la conducta obstruccionista del Congreso, donde no tenía mayoría parlamentaria, hecho que no lo dejaría gobernar, así como la corrupción en el Poder Judicial, instaurando entonces su “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”.

En noviembre de 1992, se llevarían a cabo las elecciones del “Congreso Constituyente Democrático” –CCD, donde, como era de esperarse, Nueva Mayoría-Cambio 90 obtuvo casi el 50% de la votación, lo que consolidó el poder de Fujimori.

Con la Constitución de 1993, siguiendo una corriente neoliberalista, se desconocen los derechos laborales fundamentales, tales como el reconocimiento del trabajo como fuente de la riqueza, el derecho a la estabilidad laboral, derecho a la participación en la gestión y utilidades de la empresa, reconocimiento expreso de la igualdad salarial entre hombre y mujeres, entre otros. El daño a los y las trabajadoras fue incalculable, pues no solo desmontó y desreguló las relaciones laborales, flexibilizándolas a ultranza, sino también fue el responsable del cese colectivo de aproximadamente 11,000 trabajadores públicos; la persecución de dirigentes sindicales, evitando de este modo la sindicalización.

Resulta paradójico que a 30 años del “Autogolpe”, que diera las bases para una década de un gobierno caracterizado por una corrupción sistemática, enraizada en todos los niveles del Estado y cuyas consecuencias venimos sufriendo y al ser un régimen de impunidad para atroces violaciones de derechos humanos, por los que ha sido sentenciado Fujimori (delitos de lesa humanidad); precisamente ahora nuestro nuevo Tribunal Constitucional – aquel que se constituyó antes como Tribunal de Garantías Constitucionales y fue cerrado en 1992 – declara Fundado el Habeas Corpus del Caso Fujimori, con votos a favor de los magistrados Sardón de Taboada, Miranda Canales, Blume Fortini y Gustavo Ferrero Costa.

Hoy, 5 de abril, debemos recordar nuestra historia para que este tipo de acontecimientos no se vuelvan a repetir. Debemos aprender del pasado. Es responsabilidad de la ciudadanía, no solo de la clase política, estar informados, vigilantes y prestos a protestar ante cualquier gobierno que intente imitar fórmulas represivas para trabajadores, trabajadoras y los sectores populares.

En ese sentido, y debido a los acontecimientos actuales, manifestamos nuestro rechazo a la actitud del gobierno actual de optar por medidas verticales y represivas ante el descontento popular. Las necesidades y problemas que vive el pueblo no pueden ser ignoradas y menospreciadas, mucho menos contenidas mediante estados de emergencia que lo único que hacen es azuzar más el descontento popular, pues afectan directamente el desenvolvimiento de la vida, el trabajo y la salud de las personas. Las necesidades deben ser escuchadas por las autoridades. Por lo que instamos a que se pueda dar espacio al dialogo para la solución de los conflictos.