El 7 de setiembre, con ocasión de su presentación ante la Comisión de Trabajo del Congreso, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo expuso el Plan de Trabajo de su gestión, la cual tendrá -según lo anunciado- 4 ejes prioritarios: 1) promover medidas de recuperación del empleo en la etapa de reactivación económica, 2) promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias laborales y niveles de empleabilidad y productividad, 3) promoción de un trabajo seguro y con derechos, potenciando espacios de diálogo social, y 4) protección social para el desempleo.

Como antecedente, tenemos el discurso de investidura dado por el Presidente del Consejo de Ministros el 26 de agosto ante el Pleno del Congreso, en el cual hizo expresa mención al rol tuitivo y supervisor de las relaciones laborales que siempre debe tener el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, señaló que su gestión promovería el incremento de la RMV en consenso con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. Asimismo, anunció un diálogo franco y respetuoso con empleadores y trabajadores para revisar la agenda laboral pendiente en el país, que incluye el fortalecimiento de la SUNAFIL, la negociación colectiva por rama de actividad, la regulación de la tercerización, y la derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 038-2020, sobre la suspensión perfecta de labores.

Precisamente, uno de los puntos centrales de la presentación del Ministro de Trabajo ante la Comisión de Trabajo del Congreso fue el de la “Agenda 19”, que consta en la priorización de 19 temas a ser abordados (aunque no necesariamente resueltos) de manera articulada con centrales sindicales y gremios empresariales.

1.  Ley General de Trabajo / Código de Trabajo.

2. Retirar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31188 (negociación colectiva en el sector público) y emitir su Reglamento.

3. Fortalecimiento institucional de SUNAFIL.

4. Derogar el DU 038-2020 sobre suspensión perfecta de labores (SPL).

5. Plantear una nueva Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para garantizar el derecho de afiliación, ejercicio de actividades sindicales, negociación colectiva y huelga.

6 . Debatir la adscripción de SERVIR al MTPE. Redefinir sus alcances para limitarlo a aspectos de gestión y excluirlo de las materias normativas, especialmente las de relaciones colectivas.

7. Prohibición de la tercerización de servicios.

8. Retirar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo a la Ley 31131 (eliminación del CAS e incorporación al régimen laboral de la entidad).

9. Vacunación de los trabajadores presenciales (y tercera dosis para personal de EsSalud).

10. Aumento de pensiones del D.L. 19990 y 20530 (ONP - Sistema Público).

11.  Virtualizar la gestión de procedimientos del registro sindical e implementación de criterios uniformes a nivel nacional.

12. Optimizar y ampliar a todas las regiones los servicios de emisión de dictámenes económicos-laborales.

13. Reincorporación de trabajadores cesados incluidos en las listas de cesados en el Estado.

14. Medidas para la condonación de horas de licencia para el grupo de riesgo en el sector privado a consecuencia de las licencias otorgadas durante la Emergencia Sanitaria.

15 .Incremento de la remuneración mínima.

16. Revisar prioritariamente la Política Nacional de Competitividad y Productividad (OP5) y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, así como la Política Nacional de Empleo Decente, para garantizar un trabajo digno para los trabajadores.

17 .Virtualizar servicios ofrecidos a nivel nacional por el MTPE y las direcciones regionales tanto en materia de trabajo, como de empleo.

18 .Fortalecimiento del diálogo social tripartito.

19. Ratificar el Convenio Nº 190 de la OIT (violencia y acoso).

Al respecto, nos parece importante que desde el Poder Ejecutivo se pongan en agenda algunos temas largamente postergados, como la aprobación de una Ley General de Trabajo (o Código de Trabajo), una nueva regulación que garantice la libertad sindical y los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, y cambios en la regulación de la tercerización de actividades productivas y de prestación de servicios; así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas laborales, centralmente de la SUNAFIL; a ello también habría que agregar el necesario fortalecimiento de las capacidades del propio Ministerio de Trabajo y de las Direcciones Regionales de Trabajo.

De otro lado, desde el inicio de la pandemia, subrayamos la necesidad de que se adopten decisiones políticas centradas en las personas, priorizando la permanencia de ingresos y empleos, así como el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, nos parece importante que como parte de la agenda laboral se planteen algunos problemas derivados del actual contexto de emergencia sanitaria, como la excesiva prolongación de la suspensión perfecta de labores del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 (y que, pese a plantearse como una medida excepcional, lleva más de 16 meses) y la acumulación de horas de licencia con goce de haber otorgadas a los trabajadores en grupo de riesgo en virtud del Decreto de Urgencia Nº 026-2020.

Desde la década del ’90, el discurso de los “sobrecostos laborales”, esgrimido no solo por gremios empresariales sino también por políticos y especialistas, ha monopolizado el debate sobre cualquier reforma laboral, soslayando el impacto positivo que los cambios podrían tener en las condiciones de empleo de la población trabajadora, la propia productividad de las empresas, la cohesión social, así como para el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho en nuestro país.

Por eso, desde la Comunidad Sanmarquina de Estudios Sociolaborales (Cosades) estimamos positivo que se abra una discusión pública sobre la necesidad de introducir reformas en el actual marco laboral, donde no solo se escuche a un sector de “laboralistas” (que, en honor a la verdad, hay que decir que tienen como principales clientes a las grandes empresas), sino a distintos sectores académicos, políticos y sindicales, y donde el diálogo social, con participación de organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores, no sea un mecanismo de “congelamiento” de demandas y reclamos legítimos, sino que contribuya realmente a la formulación y adopción de políticas sociales, económicas y laborales.