Con apenas dos días de diferencia y enmarcadas en una semana de profundo debate de raíces que podrían considerarse como discriminatorias, se aprobaron dos políticas nacionales con un impacto directo en el mercado de trabajo: el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos (Decreto Supremo N°009-2021-JUS) y la Política Nacional de Empleo Decente (Decreto Supremo Nº013-2021-TR).

Ambos instrumentos muestran un esfuerzo importante por alinear la normatividad nacional al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible­­­ y a la Visión del Perú al 2050, es decir, para pensarnos como un país en el cual el trabajo garantice condiciones mínimas de cumplimiento de derechos laborales fundamentales y que, por tanto, prevenga su transgresión por las empresas.

Dentro de las metas que queremos resaltar de dichos instrumentos de política pública podemos encontrar, entre otros:

i)                Disminución dela brecha salarial entre trabajadores con diferente género o lengua materna,

ii)               Implementar acciones que fomenten la formalización laboral de mujeres y hombres en su diversidad desde las unidades productiva,

iii)             Elaboración de propuestas normativas que reconozcan los derechos laborales y de seguridad social a las parejas del colectivo LGBTI,

iv)             Emitir informes interanuales de la situación laboral de la población afroperuana, buenas prácticas para proteger el derecho al trabajo de las personas adultas mayores, etc.

Queremos destacar el esfuerzo por parte del Estado Peruano por visibilizar las necesidades de acceso y permanencia en el empleo de poblaciones históricamente relegadas, así como plantearse objetivos nacionales y acciones concretas para lograr equiparar situaciones desiguales. Justamente esta desigualdad se ha visto acentuada después del 06 de junio, a través de discursos de grupos privilegiados que pretenden con argucias jurídicas, desconocer el derecho de miles de peruanos de ejercer su derecho más mínimo de ciudadanía como lo es la elección de sus representantes. Estos actos, de bases claramente discriminatorias, pretenden perpetuar aquel poder que aún segrega y excluyen a muchos peruanos sin justificación alguna.

Ante ello, este tipo de iniciativas gubernamentales son muy valiosas pues marcan una búsqueda por la igualdad de todos los peruanos y peruanas, por lo que las organizaciones sindicales, sociales y de la sociedad civil en general, debemos ser vigilantes respecto a su cumplimiento para que estas no solo se queden en buenas intenciones o en el plano del “deber ser” normativo.