Uno de los grandes temas ausentes en el debate de los equipos técnicos de la Campaña Electoral fue la denominada “informalidad laboral”, la cual constituye un problema que estructuran las relaciones de trabajo en el Perú y que la pandemia mundial producida por la Covid-19 habría intensificado (todo apuntaría a que la informalidad se acrecentaría 10% más respecto al escenario pre-pandemia).

El futuro Gobierno deba colocarlo, de cara al Bicentenario, como punto de agenda prioritario, pues la “informalidad laboral” es un fenómeno relacional que habilita la carencia de otros derechos: desde los ingresos insuficientes hasta las muertes por trabajos peligrosos.

Desde la Comunidad Sanmarquina de Estudios Sociolaborales (Cosades) queremos destacar algunas ideas relevantes que debe tomarse en cuenta para, desde la Política Pública, abordar el problema de la “informalidad laboral”:

1. Su heterogeneidad. La informalidad laboral se enuncia como una oposición a algo esperable: la formalización del empleo. Por tanto, esta no se constituye como una realidad homogénea. Por el contrario, dentro de este concepto entrar situaciones bastante heterogéneas, cuyo abordaje no puede realizarse desde una sola mirada o intervención estatal. De ahí que sea relevante identificar cuáles son las realidades de trabajo que se incorporarán en la palabra “informal” para identificar las intervenciones Estatal esperables (una cosa es potenciar la fiscalización laboral para los casos de contratación laboral simulada y otra muy distinta será la necesidad de promover un marco normativo que reconozca protección social a los trabajadores de plataformas digitales).

Bajo esta mirada, el empleo informal no solo comprendería las relaciones de trabajo salariales, sino a relaciones de trabajo autoempleado o autónomo, sectores que ocupan aproximadamente 50% de la PEA a nivel nacional cada uno. ¿Podríamos hablar de informalidad laboral para ámbitos donde no existen relaciones laborales?

2. La dinámica forma-informal. El sentido común nos pareciere indicar que el sector informal funciona como una parcela distinta al formal; es más, pareciere que la informalidad es un paso previo o inferior al de la formalidad. Sin embargo, esto no es así. En muchos casos, el sector formal necesita o depende del “empleo informal” y, por tanto toda estrategia para acabar con la informalidad ofrecerá resistencias en sectores formales. Nos referimos no solo a los casos de las empresas formales que recurren a figuras simuladas para contratar trabajadores sin derechos laborales, sino también a los mecanismos de subcontratación laboral o de contratación de proveedores, tan proliferados en nuestro tejido productivo, donde la gran empresa sub contrata a empresas con trabajadores informales.

3. Las variables a considerar. La política pública que se construya para afrontar la informalidad debe tener siempre presente una mirada de género, de interculturalidad y de territorio. En el primer caso, debe tomarse en cuenta que la evidencia apunta a que son las mujeres las que tiene mayor presencia en el sector informal y que, en general, la economía de cuidado permite explicar las razones de esta situación. En el segundo y tercer caso, debe tomarse en cuenta, necesariamente, a las actividades de las poblaciones indígenas y, en general, de todos aquellos territorios y actividades económicas, como las de carácter artesanal o comunal, que se alejan de la idea de desarrollo industrial o posindustrial y que, por tanto, no podrían ser sindicadas dentro de la categorías de “informales” o “formales”.

Obviar estas variables no permite comprender de modo integral el fenómeno de la informalidad laboral y la respuesta estatal para afrontarla. Por ello, consideramos necesario fomentar la investigación de carácter cualitativo para comprender las actividades económicas realizadas en el rural y urbano, así como su determinación dentro de lo formal-informal.

4. ¿Qué no hacer o dejar de hacer? Hay una política recurrente a lo largo de 30 años para combatir la “informalidad laboral” que no ha funcionado. Es la “visión legalista”, “neoclásica” o “neoliberal”, según a cuál la informal se produce por la existencia de derechos laborales o burocracia estatal y, por tanto, para promover lo formal se debe reducir estos derechos o simplificar trámites y burocracia.

En virtud de esta forma de comprender la informalidad se emitieron leyes que recortan derechos laborales a partir de los años 90 hasta nuestro días, donde no hace mucho se publicó la Política Nacional de Competitividad, en la cual se establecía la necesidad de “revisar el marco normativo” de los derechos laborales.

Otro punto que se debe dejar de hacer es perseguir a los trabajadores de la economía popular que se encuentran en el sector informal. Es inconcebible que las municipalidad, de la mano de policías y serenazgos, busquen “limpiar la ciudad” de estos trabajadores a costa de la represión y el castigo. Esto se vuelve mucho más relevante en pandemia, donde existe una crisis económica importante en la que muchas actividades de emprendimiento individuales se utilizan como estrategias de sobrevivencia.

5. ¿Qué fortalecer y qué cambiar? La primera gran tarea es promover el sector formal para que este absorba al sector informal. Para ello se debe fortalecer la fiscalización laboral, promover la inversión privada y pública y diversificar los sectores productivos (para dejar de depender de la extracción de materias primas). La segunda gran tarea es elevar la productividad de las empresas del sector informal para que se trasladen al sector formal, a través de incentivos económicos a las unidades productivas de este sector.

Estas acciones son relevantes y hay que fortalecerlas. En este último caso, se podría crear un registro administrativo de trabajo, aplicable a todos los trabajadores, salariales, autónomos, formales e informales, del hogar o familiares no remunerador, etc. (partir de la información del T-Registro de la Planilla Electrónica, expandirlo a esos otros sectores y hacerlo un registro diferenciado).

A partir de la información que arroje dicho registro se debe implementar intervenciones con sectores estratégicos donde existe mayores informales para promover los referidos incentivos económicos y, de ser el caso, subsidiar o semisubsidiar la protección social de trabajadores y trabajadoras.

6. ¿Empleo informal o empleo precario? Como hemos indicado, la informalidad laboral no es una realidad propiamente dicha, sino un enunciado que comprende una serie de realidades de trabajo (trabajo dependiente o autónomo, trabajo de unidades económicas del sector formal o informal).

Sin embargo, esta definición poco nos dice sobe las condiciones en la que se trabaja en dichos sectores (formal o informal). Existirían, como de hecho existen, trabajadores contratados formalmente pero bajo condiciones precarias, como los malos tratos, riesgos a la seguridad y salud, disminución legal de derechos laborales, etc. Por el contrario, existirán sectores informales cuyas condiciones de trabajo sean dignas; recordemos que no todas las y los trabajadores del sector informal califica como pobres o pobres extremos.

Por tanto, a largo plazo la política pública Estatal deberá encargarse de construir variables de comprensión de la realidad de trabajo, en la que se ponga énfasis a la precariedad o no de las condiciones de trabajo y no tanto a si estas son formales o informales.

Lima, 24 de mayo de 2021.