Hace más de 130 años, cinco obreros estadounidenses fueron ejecutados por protestar contra las extensas jornadas laborales y demás abusos cometidos en las fábricas industriales. Otros dos fueron condenados a cadena perpetua y uno a 15 años de trabajos forzados. Estos abusos conmocionaron a las sociedades y, a partir del consenso sobre la necesidad de fijar límites, se legitimó la presencia de la intervención estatal respecto al trabajo asalariado (a través de una legislación que fijara mínimos y máximos, la creación de protección social solidaria, etc.) y se promocionó la negociación y diálogo entre sindicatos y empresarios.

Muchos años después, lamentablemente, vivimos en tiempos donde la intervención protectora del Estado se cuestiona y, por el contrario, se obstaculiza la formación de sindicatos, ninguneando y silenciando las voces que cuestionan la precariedad laboral. Como muestra de ello, hace pocos años en nuestro país ocurrieron dos tragedias sin precedentes. En 2017 fallecieron dos jóvenes que trabajaban encerrados dentro de un conteiner en pleno Centro de Lima y en 2019 fallecieron otros dos jóvenes, quienes trabajaban en un local de McDonald’s, debido a la falta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Poco consenso, poca legitimidad logramos como sociedad para afrontar esta problemática, para cuestionar dichos abusos. Ni siquiera el ministro y ministra de trabajo de turno renunciaron ante lo ocurrido.

En ese contexto, actualmente trabajadores y trabajadoras afrontamos una profunda crisis sanitaria, social y económica que ha puesto en relieve la precariedad de nuestras relaciones de trabajo y la falta de protección estatal. La destrucción del empleo y las nulas garantías sociales de su conservación o de preservación de un ingreso digno (con fondos de pensiones y CTS que se acaban y bonos mínimos que no llegan o llegan tarde) han ocasionado una profunda crisis social, en un contexto donde se reportan miles de muertes por contagios del Covid-19.

Si alguna lección debemos destacar de esta situación dramática, es la centralidad que posee el trabajo en nuestras sociedades. Algunas semanas de para en el trabajo son suficientes para producir una crisis sin precedentes y poner en jaque el sistema socioeconómico, seamos asalariados, autoempleados o conductores de pequeños negocios. La misma centralidad, aunque invisible, posee el trabajo de cuidados. Si algo nos ha demostrado la actual crisis es la relevancia del cuidado de la vida y salud de las personas, la atención de los niños, adultos mayores, personas enfermas, la manutención de la casa y los alimentos, de las ollas comunes de los barrios. El trabajo, como eje central de las relaciones económicas y sociales, es el que mueve el mundo.

Necesitamos un nuevo consenso económico y social, que revalore la centralidad del trabajo en sus múltiples manifestaciones, así como la importancia del respeto y la protección estatal de los derechos laborales, y el rol democratizador de los sindicatos en la sociedad. Esta situación debe ser central para superar los embates de la crisis actual.

En este escenario, preocupa la amenaza de que nuestro país tenga un gobierno fujimorista, pues es conocido por todos que esta ideología históricamente es vulneradora de los derechos laborales, de los sindicatos, de la protección social y, por el contrario, promotora de la precariedad laboral. No nos engañemos, fujimorismo y derechos laborales son enemigos históricos e intrínsecos.

Desde la Comunidad Sanmarquina de Estudios Sociolaborales (Cosades), este Primero de Mayo queremos expresar la importancia de revalorar el trabajo y su centralidad, en el medio de la crisis social que vivimos, así como expresar nuestra preocupación por la amenaza que tiene la sociedad del trabajo en manos del fujimorismo.

Lima, 1 de mayo de 2021.