Estamos a poco más de un mes de las elecciones generales para la Presidencia y el Congreso de la República y, sin duda, uno de los temas centrales de la campaña electoral, además de las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia de la Covid-19, es el de la reactivación económica y la recuperación de los empleos.

Ello por cuanto las restricciones relacionadas con la Covid-19 han afectado seriamente la dinámica de las actividades económicas en los diferentes sectores productivos, golpeando más duramente al autoempleo y a las micro y pequeñas empresas (MYPES). Sumado a esto, la ausencia de medidas idóneas y efectivas desde el gobierno nacional ha generado una pérdida masiva de empleos en los sectores más afectados y la pérdida de ingresos provenientes del trabajo.

En ese contexto, todas las organizaciones políticas con candidaturas a la Presidencia de la República se comprometen a impulsar el proceso de reactivación económica y la generación de empleo, así como a reducir el empleo informal y la informalidad laboral. Se trata, por decirlo de algún modo, de lugares comunes en esta campaña electoral.

Sin embargo, al prestar atención a los discursos y propuestas de las candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, es necesario ir más allá de estos lugares comunes, y ahondar en los objetivos estratégicos, lineamientos y acciones de política que se plantean con relación a la recuperación del empleo y todo ello está o no vinculado al logro de los objetivos o resultados del concepto de trabajo digno o trabajo decente, como son:

(i) la generación de oportunidades de empleo, con una remuneración suficiente y condiciones de trabajo adecuadas, incluida la seguridad y la salud de los trabajadores;

(ii) la promoción y defensa de los derechos fundamentales, referidos al trabajo forzoso, el trabajo infantil en condiciones abusivas, la discriminación en el trabajo, y la libertad de sindicación;

(iii) una seguridad social suficiente y adecuada, en lo referido al gasto público en seguridad social y el grado de cobertura frente a las contingencias; y

(iv) el desenvolvimiento del diálogo social en todos sus niveles, que comprende la negociación colectiva de las condiciones de contratación y de trabajo, la participación de los trabajadores en el funcionamiento de sus empresas, y el diálogo social en el ámbito nacional sobre la política social y económica.

Frente a las miradas y planteamientos centrados únicamente en la reactivación económica, sin prestar atención a la “calidad” del trabajo ni al respeto de los derechos laborales, es preciso traer a colación lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido que los encargados de la adopción de políticas tendrán que facilitar una sólida recuperación de forma generalizada, que promueva el empleo, los ingresos, los derechos de los trabajadores y el diálogo social, a fin de lograr una recuperación centrada en el ser humano (1), así como por la CEPAL, quien resalta que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 siguen más vigentes que nunca cuando se trata de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo capaz de cerrar las brechas de ingreso, riqueza y acceso, y crear empleo de calidad (2).

Pensar en una reactivación de la economía centrada en los derechos de las personas es aún más relevante si tenemos en cuenta los problemas que presenta nuestra actual regulación laboral; y, en el plano institucional o de gobernanza, las características y deficiencias de la administración laboral (Ministerio de Trabajo y Direcciones y Gerencias de Trabajo en los gobiernos regionales), el sistema de inspección del trabajo y los espacios institucionales de diálogo social como el CNTPE.

Debemos ser conscientes de que no es suficiente que los candidatos prometan generar más empleo o reducir la informalidad, sobre todo si como lo ha demostrado el régimen agrario de la derogada Ley Nº 27360 y lo siguen demostrando los contratos de exportación no tradicional del Decreto Ley Nº 22342, formalidad laboral no necesariamente es sinónimo de sueldos dignos o de respeto de los derechos laborales.

Quedan aún cinco semanas para las elecciones generales, tiempo suficiente para analizar el discurso y los planes de gobierno de las candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, y ver qué objetivos y medidas políticas plantean en beneficio de las trabajadoras y trabajadores en nuestro país.

Lima, 6 de marzo de 2021.

(1) Observatorio de la OIT: La COVID 19 y el mundo del trabajo. Séptima edición. 25 de enero de 2021. Pp. 3. Recuperado de:

https://www.ilo.org/.../docu.../briefingnote/wcms_767045.pdf

(2) Informe Especial Covid-19 Nº 8. Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19. 15 de octubre de 2020, pp. 16. Recuperado de:

https://repositorio.cepal.org/.../46102/4/S2000673_es.pdf